21 de maig 2015

Article del president d'ARCA, publicat a Diario de Mallorca

Fotografia: Benet Bohigas.
OTRAS VOCES “Los retos actuales del patrimonio cultural”.

Puede haber cambios en los ayuntamientos, el Consell Insular y el Govern Balear. Ello supone para una entidad ciudadana seria revisar también sus postulados, no para incluirlos en un programa electoral, sino para -de alguna forma- rendir cuentas ante la ciudadanía y socios a los cual se debe. Si miramos atrás en estos cuatro años respecto del patrimonio cultural, se observa como estos temas han quedado relegados y no sólo en el ámbito presupuestario. Se nos decía que no había dinero. Resulta, sin embargo, que no ha habido ganas de apostar por el patrimonio cultural, a pesar de honrosas y contadas excepciones.


Ninguna propuesta legislativa o reglamentaria ha sacado el Govern o el Consell. Nada que se sepa del Plan de Patrimonio Cultural, una guía que dé sentido a la gestión política. Poco o nada de la participación autonómica en planes de investigación sobre arqueología, arqueología industrial, conservación, restauración, arquitectura, que se ha dejado en manos de fervorosos equipos, bien universitarios (como el de Calvo Trías), bien especialistas con fuerza de voluntad (Almallutx, Paises, etc). Ni siquiera hemos podido emprender obras de primera necesidad: conservar Can Serra, Can Weyler, les Torres del Temple, todos ejemplos de propiedad pública dejada o caída en el olvido. Poco o nada se ha hecho en el ámbito de difusión: las Administraciones pretenden coordinar y difundir... cuando lo único que hacen es “pergeñar” trípticos informativo con la actividad de otros y de otras instituciones culturales que sí continuan (Museu Sa Bassa Blanca, Fundac. Juan March, Museu Son Fornés, entre otras).

En materia de conservación de nuestro patrimonio, el Consell Insular se ha limitado a unas pocas declaraciones de BIC o bien catalogado, siempre a favor de los ayuntamientos, sin guía ni meta alguna. Excepción destacable, a favor del equipo técnico del CIM que ahí sí se ha batido el cobre, es el caso del Plan de protección de Es Jonquet donde se ha defendido una visión amplia e integradora del patrimonio de esta Ciudad. En cambio ARCA no ha podido obtener ni siquiera una respuesta en los casos del patrimonio de las Colecciones de “Sa Nostra”, de la escultura de “El Sant Sepulcre” de Llimona de Sóller, o la petición de reconsideración de toda la política patrimonial de Cartoixa en Valldemossa. En el caso de Palma, el Ayuntamiento ha tenido una actitud dialogante, cierto, pero poco eficaz en algunos temas candentes como: Can Bibiloni, Es Jonquet y la gestión del espacio público en el Centro Histórico, uno de los temas más preocupantes que dejan para la próxima legislatura. Excepción a destacar, mientras no surjan problemas, es la aprobación de un área de especial protección para Santa Catalina, la cual debe dar aún con un planeamiento urbanístico que suponga un verdadero avance. De hecho, en “avance” se ha quedado el PGOU de Palma. Ni empujando.
Fotografia: Benet Bohigas.

En el ámbito municipal, en Mallorca, desde ARCA se detecta un creciente interés en muchos Ayuntamientos, quizá sabedores del valor económico y turístico del patrimonio, pero, en cambio, no se favorece de modo suficiente que puedan aprobar sus Catálogos de Patrimonio, en tiempo adecuado y con garantías, en muchos casos, ni tienen recursos humanos ni materiales para llevar a cabo la gestión necesaria.

Dicho esto, los retos a los que nos enfrentamos para defender los bienes culturales que nos han sido legados, es decir, que hemos configurado -entre toda la sociedad- como identidad de nuestros pueblos y ciudades no son pocos. Para ARCA -a riesgo de simplificar- pueden enumerarse siguiendo el mismo orden de las instituciones.

El Govern balear no puede desentenderse de la política patrimonial, para empezar, logrando la financiación adecuada para las inversiones que se precisan (y son muchas) para mantener el patrimonio público (los anteriores ejemplos no admiten demora si se quiere “respetar” mínimamente la legalidad que exige la conservación a los propietarios, también de las instituciones. No puede rehuir el debate de la tasa turística o “tasa ecopatrimonial”, contribución finalista que debe gestionarse modélicamente, a no ser, que el gobierno de turno pueda traerse del Estado los millones que necesitamos para conservar el patrimonio. También el Govern debe promover las mejoras necesarias de la Ley de Patrimonio e impulsar la coordinación entre organismos públicos.

En cuanto al Consell Insular de Mallorca, la Corporación elegida debe elaborar un verdadero Plan insular de Patrimonio que aborde, por un lado, los problemas de conservación de los bienes ya declarados BIC o BC (Monasterios, iglesias, Casals, Raixa o Can Weyler mismo necesitan mano de santo) y, por otro lado, los problemas de la conservación de los bienes culturales sin declarar, como ha sido el caso dramático de Can Bibiloni, dejando de lado subterfugios y posturas de avestruz. El primer paso necesario es mejorar el Servicio de Patrimonio y coordinarlo mejor con los técnicos de Urbanismo. El segundo paso, ineludible, es dotar dicho Servicio de Patrimonio de más profesionales que constituyan equipos por zonas o áreas especializadas y que tengan capacidad de interconsulta con los equipos de otras islas o de otras comunidades autónomas. En la época de la digitalización y de la comunicación telemática es sorprendente que para hacer un informe sobre una escultura de Llimona en Mallorca no se cuente con los especialistas del autor, de la época y de los materiales utilizados, por poner un ejemplo.

En cuanto al Ayuntamiento de Palma, es preciso que aborde con concimiento de causa y sin dilación los grandes temas pendientes: PEP Jonquet, Santa Catalina, Centro Histórico y gestión de terrazas y del turismo, fachada marítima incluido el Port de Es Molinar, los espacios del Moll Vell y, por supuesto, la decidida protección de la fachada de Can Bibiloni, como testimonio de nuestro pasado industrial al que nunca debimos renunciar.
No me olvido de las entidades ciudadanas que también debemos actualizarnos apoyándonos en los investigadores a la par que explicar mejor a los ciudadanos qué hacemos y cómo lo hacemos, invitándoles siempre a una auténtica participación y colaboración en la defensa del patrimonio cultural que a todos nos beneficia y a todos nos obliga.


Pere Ollers Vives

Presidente de ARCA